Frente a la detección de algunas irregularidades, se darán de baja las entidades creadas entre 2020 y 2022.

Esta semana el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la decisión del gobierno de “suspender la operatoria” de un conjunto de cooperativas creadas desde el 2020 en adelante, asegurando que “se van a inspeccionar 4.355 y a reiterar la autorización de operar a 11.853 suspendidas en 2019”. Un anunció que no incluyó detalles ni precisiones sobre cuáles serían los presuntos incumplimientos y a qué sectores abarcaría.

Una medida que, de llevarse a cabo, sería de gran impacto a nivel nacional teniendo en cuenta que en Argentina funcionan unas 20.000 cooperativas y 5.000 mutuales, que generan más de 350 mil puestos de trabajo en tanto que al menos 27 millones de personas están vinculadas, directa e indirectamente, según datos oficiales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

En el presente, las cooperativas y mutuales participan en diferentes sectores como educación, consumo, crédito, medios, salud, seguros, servicios públicos y turismo, entre otros y tienen un impacto tal en las localidades del país que se estima que hay más de siete millones de argentinos que tienen luz gracias a que son socios de distintas cooperativas eléctricas.