A través de un comunicado difundido en las últimas horas, trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) manifestaron su rechazo al Decreto 461/2025 que ordena la disolución del organismo y la transferencia de sus funciones a Gendarmería Nacional.

Creada en 2008 por la Ley 26.363, la ANSV es un ente civil, técnico, autárquico y autofinanciado cuya misión es reducir la siniestralidad vial en todo el país. Entre sus funciones figuran el control de alcoholemia y velocidad, campañas de concientización, fiscalización con tecnología homologada, análisis de siniestros y la aplicación de la Ley de Alcohol Cero.
En el documento, los trabajadores destacan que el organismo no representa un gasto para el Estado, ya que se financia con el 1% de los seguros, y que su desempeño ha generado resultados concretos: desde su creación, las víctimas fatales por siniestros viales bajaron de 5.361 en 2008 a 3.894 en 2024.
“El cierre de la ANSV no implica un ahorro, sino un retroceso institucional”, advirtieron. Según detallan, reemplazar a la agencia por Gendarmería “elimina un organismo especializado que coordina con provincias y municipios, deja sin cobertura tramos críticos de rutas y reemplaza personal capacitado por fuerzas sin formación específica en seguridad vial”.
Además, sostienen que el informe que fundamenta el decreto presidencial contiene errores técnicos y legales, como citar normas previas a la creación de la ANSV y tergiversar el nivel de participación de Gendarmería en los operativos viales. “Gendarmería solo actúa en el 6% de los operativos y su rol es de apoyo y custodia, no de fiscalización”, señalaron.
Actualmente, la ANSV cuenta con 42 bases operativas, una flota propia y sistemas de control auditables. En 2024, realizó más de 70 mil operativos y controló a más de 3 millones de vehículos.
“La seguridad vial no es un gasto innecesario ni un capricho burocrático. Es una política pública que salva vidas”, concluye el comunicado, firmado por los empleados del organismo, quienes solicitan el respaldo de la sociedad y las autoridades para evitar su cierre.