El Gobierno parece estar decidido a encarar de lleno la agenda de la lucha contra la inseguridad. La implementación de las pistolas Taser y el anuncio del envío del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años son algunas de las iniciativas que se propone la Casa Rosada para los próximos meses. Otra medida apunta a los controles migratorios: mientras avanza en la búsqueda de consenso con un sector del peronismo para confeccionar un proyecto que endurezca la ley de Migraciones 25.871, busca agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen o que ingresaron de forma ilegal al país, para lo que creará un Fuero Migratorio y una unidad especial de búsqueda de delincuentes extranjeros.

El control del flujo migratorio fue trazado como prioridad por Mauricio Macri casi desde que asumió. Y, luego de un año de gestión, firmó el decreto 70/2017 que incluyó una serie de requisitos para los extranjeros que quieren ingresar al país, como la prohibición para aquellos que cuentan con antecedentes penales en su país de origen; y, al mismo tiempo, modificó los plazos administrativos para agilizar los procesos de expulsión, que hasta entonces podían demorar hasta 6 años.

Ese DNU, sin embargo, fue impugnado por distintos sectores, desde lo político y también en el ámbito judicial. Hasta que el año pasado la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su “invalidez constitucional” y frenó su aplicación. El Gobierno, de todos modos, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora debe definir.

 

Clarín

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