El gobierno de Formosa, a cargo de Gildo Insfrán, utilizó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del COVID-19″, indicó un informe de Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins, la institución académica que se convirtió en una referencia mundial durante la pandemia. En un documento donde analiza las denuncias a la gestión sanitaria, las organizaciones cuestionaron también al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, por no llevar adelante una inspección exhaustiva en los centros de aislamiento y porque “no priorizó los derechos de las víctimas” en la represión de las protestas sociales.

Las entidades civiles norteamericanas corroboraron que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias, de las que muchas “podrían considerarse detenciones arbitrarias”. La conclusión surge de un relevamiento que realizó Human Rights Watch entre enero y marzo de 2021, con 45 entrevistas telefónicas. De ese grupo, 30 estuvieron confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, mientras que el resto fueron médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. Según esos testimonios recogidos, la mayoría “temía sufrir represalias”.

En términos generales, Human Rights Watch cuestionó que el gobierno formoseño haya “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.

El texto no solo cuestionó a la administración de Gildo Insfrán. Las críticas salpicaron también al gobierno nacional, en particular al secretario Horacio Pietragalla, luego de que decidiera intervenir tras las protestas que culminó con represión en rechazo a la vuelta a la Fase 1 en Formosa, ante el aumento de los casos de coronavirus.

“La respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas”, señaló Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins.

El texto repasa los distintos derechos que se vieron afectados en Formosa, como la vulneración a la libertad de prensa y el uso de la violencia policial para aplacar movilizaciones opositoras. En particular, se recuerda el impedimento de los periodistas de informar y entrar a la provincia, la aplicación de una “fuerza excesiva contra las personas que protestaron” por las restricciones excesivas por el COVID-19, entre las que se incluyó la detención y el procesamiento penal.

El informe señala que “ciertos derechos básicos, tales como el derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia”. “Las restricciones de otros derechos, como el derecho a la libertad y la libertad de circulación, expresión y asociación, podrían resultar permisibles en un contexto de emergencia de salud pública como el que supone una pandemia, pero deben tener un claro fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo de salud pública que se persigue, tener una duración limitada, estar sujetas a revisión, y su aplicación en la práctica no puede ser arbitraria ni discriminatoria”, resalta Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins.

Los representantes de la ONG norteamericana indicaron que se reunieron el 15 de marzo con el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla, para conocer las medidas que se tomaron desde su órbita. Además, solicitaron información al gobierno local y la Procuraduría General de la Nación.

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