El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, debió dar marcha atrás con su polémica idea de imponer multas de hasta 100 mil pesos al personal de salud que no concurra a trabajar. El fuerte rechazo social a la iniciativa hizo ahora retroceder al gobernador macrista y el ministerio de Salud jujeño derogó este jueves el decreto que instituía las penalidades.
 
Instituciones y sindicatos que agrupan a médicos, enfermeros y psicólogos de Jujuy y otras provincias rechazaron ayer el decreto firmado por Morales que indicaba que «al personal sector público y privado afectado al sistema de salud de la provincia cualquiera sea la situación que cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos, que deriven en la falta de concurrencia efectiva de servicios conforme a la necesidad y/o urgencia se le impondrá una multa más accesorias de arrestos e inhabilitación».

La medida «pretende perseguir y silenciar a quienes están luchando con todas sus fuerzas en esta pandemia», manifestaron los profesionales de la Salud en un comunicado y exigieron la anulación de la disposición por considerarla «inconstitucional, ya que va en contra de toda norma legal y atenta contra los derechos de cualquier ciudadano».

En la misma línea la Asociación de Profesionales Universitarios de Jujuy (Apuap) enfatizó que «es una muestra más del desprecio, el autoritarismo y la indolencia del Gobierno provincial hacia quienes están en la primera línea contra la pandemia cuidando la salud de la población».

El Colegio Médico de la provincia se pronunció en «defensa» de los médicos que «ejercen su profesión en la órbita privada» y reflexionaron «los términos del decreto implican una amenaza a la libertad y especialmente a la libertad de trabajo», completaron.

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